El derecho al agua está garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estado es garante de esa disposición. A pesar de esto, el gobierno federal ha presentado una iniciativa de modificaciones a la Ley General de Aguas, cuya finalidad es entregarle al sector privado la distribución del líquido. Por supuesto, esto no garantiza necesariamente un buen servicio, pero sí un previsible aumento a las tarifas.
Entre las medidas que forman parte de la Ley General de Aguas o “Ley Korenfeld” (llamada así por ser obra del Director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld), se encuentran heredar las concesiones de agua, mantener el tráfico de las mismas, cambiar el término de “asignación” por el de “concesión”, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua.
Los legisladores federales y especialistas coinciden en que la iniciativa de esta ley, cuya última versión llegó a la Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero de 2015, tiene un aire “privatizador”; que de aprobarse dejaría en desventaja al Estado ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante tribunales internacionales.
Además, los diputados federales prevén un aumento en las tarifas de agua para uso doméstico debido a que en la Ley Korenfeld se promueve aún más la participación de la iniciativa privada, misma que cobraría sus costos de extracción/producción y traslado.
Un peligro más es para los ejidatarios y comuneros, que podrían perder sus concesiones de agua cuando renten sus tierras, porque ya lo dijo Elena Burns, especialista e integrante de la agrupación cívica Agua para Todos, Agua para la Vida: “Lo que buscan los empresarios es el agua, no la parcela”.
Pero esto no termina aquí. De acuerdo con Martí Batres Guadarrama, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), detrás del intento de privatizar el agua están los intereses de empresas como Grupo Higa, que serán beneficiadas con contratos y concesiones sobre la producción, distribución y cobro de tarifas del líquido.
En términos generales, resulta desolador constatar que el grupo en el poder sigue sin comprender los graves desajustes que han provocado las reformas estructurales recientes (los cuales figuran entre las causas de la crisis política, económica e institucional en la que se encuentra sumido el país) y pretende llevar las lógicas de la privatización a prácticamente todas las áreas del quehacer nacional.
Si se busca superar tales crisis, tendría que empezarse por revertir las reformas privatizadoras ya aprobadas y por abandonar las que están en curso de aprobación. Si no se actúa en tal sentido se seguirá exacerbando los conflictos sociales, la ingobernabilidad que ya se manifiesta en diversas zonas del país y el desajuste nacional en el que se encuentra México.
Y es que esta propuesta federal va en contra de lo que ocurre en el mundo, pues en las principales capitales europeas ese modelo privatizado fracasó y el servicio hidráulico regresó al sector público. Mientras tanto, en nuestro México, pareciera que el tiempo y el pensar nacional transcurre y se ejecuta de otra manera.
Escrito para Caras de México por Jorge Chávez, Editor Senior en Mijo! Brands de México.
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