En los últimos días, la violencia e inseguridad han azotado al estado de Guerrero. La indignación y consternación por los hechos ocurridos en Iguala, donde perdieron la vida 6 personas (entre ellos 3 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” del municipio de Ayotzinapa) y la desaparición de otros 43 estudiantes de la misma institución, ha encendido los focos de alarma en toda la escena nacional.
Estos lamentables sucesos, aunados a la aparición de fosas clandestinas, se han sumado a la presunta implicación de José Luis Abarca, Presidente Municipal de Iguala, como miembro del crimen organizado y participación activa en diversas ejecuciones (actualmente prófugo de la justicia).
Para mostrar su postura, el lunes pasado, en el Patio de Honor del Palacio Nacional, Enrique Peña Nieto se dirigió a los medios de comunicación para emitir un mensaje en el que ordenaba a todas las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad que actuaran para resolver estos casos y aplicar todo el peso de la ley para quién resulte responsable. Horas más tarde, se emitió la siguiente lista de acciones:
• La seguridad en Iguala estará a cargo de la Gendarmería con apoyo de la SEDENA.
• Se creará una comisión especial de diputados que dará seguimiento a las investigaciones.
• Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezará la investigación en conjunto con el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
• Las instancias de Seguridad Pública del Gobierno de la República mantendrán informada a la población respecto a los avances en la investigación.
Hay que recordar que Iguala es una ciudad clave en el tráfico de drogas y es un punto de entrada a Tierra Caliente, donde los cárteles elaboran drogas sintéticas y cultivan marihuana. Estos hechos han venido a empañar aún más la terrible descomposición social por la que estamos atravesando.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha aparecido en la escena para hacer hincapié en su advertencia emitida en el Informe Especial sobre Grupos de Autodefensa y Seguridad Pública en Guerrero (difundido el 17 de diciembre de 2013), en la que señalaba que la seguridad pública en esa entidad enfrentaba un momento muy sensible y delicado, no sólo por el número de delitos que diariamente se cometían y la violencia generada, sino también por la ausencia de estrategias adecuadas para el combate a la inseguridad.
Por todo lo que implica (los posibles culpables, los inmiscuidos, el número de víctimas, su perfil estudiantil y el impacto negativo a nivel internacional como país en medio de la debacle), el “Caso Iguala”, como ya se ha denominado, es de proporciones inimaginables al que debemos estar muy atentos como sociedad.
El escritor Juan Villoro comentaba en días pasados que mientras la juventud de México se siga criminalizando, siempre habrá riesgos de un estallido social. Para evitarlo, es tiempo de que se ejecuten acciones contundentes en contra de los responsables y demostrar que la clase política de nuestro país aún no está completamente podrida.
Escrito para Caras de México por Jorge Chávez, Editor Senior en Mijo! Brands de México.
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