Nuestro país está en la mira del mundo. Los recientes acontecimientos en Guerrero lo han convertido en uno de los estados más violentos de México. La mezcla entre el narcotráfico, guerrillas, corrupción, movimientos sociales y una larga tradición de caciquismo han provocado que muchos analistas consideren que todo se le ha salido de control al gobernador Ángel Aguirre y, en general, México va coludido entre todas estas calamidades.
Al igual que en Michoacán, la violencia que se está atizando en Guerrero puede cambiar la narrativa del Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto: de un México reformador y moderno al de uno violento y en condiciones mezquinas.
Los hechos de Iguala y Tlatlaya comprueban una vez más que el problema de la violencia y la inseguridad es mucho más profundo de lo que uno se imagina y tristemente no se va a poder resolver pronto. La imagen de México ante el mundo (y de cara a la temporada alta en muchísimos destinos turísticos, incluido el nuestro) ha sufrido un tremendo golpe con estos acontecimientos equiparables a los de Acteal, Chiapas ocurridos el 22 de diciembre de 1997.
Al día de hoy, seguimos con más preguntas que respuestas. La gente de nuestro país y las manifestaciones hechas alrededor del mundo claman al unísono que se realice una investigación a fondo para llegar hasta aquellos políticos que han estado protegiendo estas conductas criminales durante décadas para evitar que todo siga bajo la sombra de la impunidad.
Aunque en muchas ocasiones se teme reconocer que existen estados del país donde el orden legal ha sido rebasado y donde las autoridades han dejado de cumplir cabalmente con sus responsabilidades para proveer seguridad a sus habitantes, el “Caso Iguala” ha venido a cambiar dramáticamente el discurso oficial de la administración de Peña Nieto en la que se evitaba hablar del crimen organizado.
La imagen de México ante el mundo se ha devaluado a balazos y pareciera que no se logra dimensionar la gravedad de nuestros problemas. El hartazgo ante la injusticia ha comenzado a brotar en forma de incendios y/o destrozos, como el que se dio en la sede del ayuntamiento de Chilpancingo. Es un inicio y nadie sabe con certeza cómo será el desarrollo y final de esta triste historia llena de sangre y desaparecidos.
Lo que aún no queda claro es la fecha en que las autoridades tendrán los primeros resultados de sus investigaciones. Tampoco se ha informado hasta cuando permanecerá la Gendarmería Nacional en Iguala, ni por qué Peña Nieto no ha nombrado a un comisionado especial (como lo hiciera en Michoacán) a pesar de que las localidades guerrerenses tienen índices delictivos más altos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha fijado su postura ante los lamentables sucesos ocurridos en el estado de Guerrero que representan una prueba crucial para la voluntad y capacidad del Estado mexicano para lidiar con las graves violaciones a los derechos humanos.
En el radar mexicano se vislumbra una tormenta eléctrica llena de críticas provenientes de todas partes del mundo, incluido nuestro propio territorio nacional. Cualquier cosa que ocurra, hasta la más positiva, seguramente será vista como insuficiente. En teoría, esto debería obligar al Estado a responder y a actuar a la altura de las circunstancias.
Escrito para Caras de México por Jorge Chávez, Editor Senior en Mijo! Brands de México.
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