Aunque Enrique Peña Nieto ha anunciado que durante los próximos días México presentará su respuesta oficial a las recomendaciones emitidas mediante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el camino aún es largo para poderlo hacer realidad.
Fue durante la ceremonia del Informe de Actividades del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, en donde el Presidente de México confirmó que ya se está elaborando el Programa Nacional de Derechos Humanos que a la postre será el documento que servirá para conjuntar todos los esfuerzos que ayuden a consolidar una cultura de respeto y protección.
En la elaboración de este programa están participando autoridades de los tres niveles de gobierno, así como organizaciones de la sociedad civil, académicos reconocidos y la misma CNDH. Con esto, México se sumará a los pocos países que cuentan con un mecanismo similar y, para aderezar todo esto, Peña Nieto reconoció que “un país protector de los derechos humanos no es aquel donde existan leyes vanguardistas, sino en donde existan menos violaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos”. Una frase que deja muchas expectativas que analizar.
Pero hasta aquí todo pinta bien; sin embargo, la tarea es mucha, la inversión es poca y el tiempo nunca es suficiente. Por ejemplo, el estudio “México Evalúa” dio a conocer que en Puebla se encuentran 5 de las 13 prisiones más sobrepobladas del país y, para combatir este problema, el gobernador del estado Rafael Moreno Valle envió al Congreso Local una iniciativa para terminar con este problema con el objetivo de que, en lugar de ir a la cárcel, los delincuentes que hayan cometido faltas menores accedan a penas como servicio a la comunidad, trabajo sin remuneración, capacitación y tratamiento de adicciones.
Aunque esta propuesta carece de claridad en algunas áreas (como el presupuesto y administración para la supervisión de las sanciones alternativas) y requiere una revisión minuciosa por parte del Congreso Local para corregir posibles márgenes de discrepancia, resulta ser un paso muy importante para contar con cárceles que cumplan con la función básica de reinsertar en la sociedad exitosamente a los sentenciados. Esto, desafortunadamente, nos recuerda que aún existe un larguísimo camino por recorrer para contar con prisiones medianamente funcionales en nuestro país.
Por otro lado, la impunidad por violaciones a los derechos humanos en México sigue siendo un problema endémico en el que Amnistía Internacional ha puesto sus ojos para denunciar homicidios, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias perpetradas por la policía municipal, estatal y federal.
Los más afectados por la falta de acceso efectivo a la justicia son los periodistas, los activistas sociopolíticos e irónicamente los propios defensores de los derechos humanos. A ellos se suman las comunidades indígenas que están sumidas en la marginación (víctimas de acoso por oponerse a proyectos de desarrollo que afectan sus precarios estilos de vida) y los migrantes que atraviesan nuestro país en busca del sueño americano (quiénes son sometidos a malos tratos y/o violencia sexual por parte de agentes del estado u otras bandas criminales).
En el caso exclusivo de los delitos en contra de las mujeres como desapariciones, homicidios, agresiones sexuales y otros abusos graves que no terminaríamos de mencionar, no son debidamente prevenidos o sancionados y la atención que reciben las pocas que se atreven a denunciar deja mucho que desear.
En base a todo esto, como sociedad no nos queda más que exigir que el documento que presente el Gobierno Federal abarque y proponga una solución ante una problemática que lleva años sin que se tomen verdaderas cartas en el asunto.
Escrito para Caras de México por Jorge Chávez, Editor Senior en Mijo! Brands de México.
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