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La indignación egipcia

El pasado domingo 13 de septiembre de 2015, se dio a conocer la noticia de que cuatro vehículos que transportaban a turistas mexicanos fueron bombardeados por militares de Egipto en el área de Wahat, dentro del desierto occidental de ese país, mientras se realizaba una operación antiterrorista. En el tour del convoy atacado había 14 mexicanos, de los cuales fallecieron ocho. También fallecieron otros cuatro ciudadanos egipcios.

Más allá de las interrogantes que se generaron tras las versiones posteriores al ataque (como la de que los turistas estaban en “zona prohibida”, cuando en realidad es un oasis promovido y visitado permanentemente por el turismo internacional o la posibilidad de que la agencia de viajes no tuviera los permisos necesarios para estar ahí -aunque algunos familiares de las víctimas ya han difundido algunos documentos que lo desmienten-), esta lamentable tragedia ha servido para ilustrar que en México, el valor de la vida no es equitativa... al menos para el Gobierno Federal. 

Así de simple y así de cruel: mientras que el gobierno mexicano ignora a los cientos de miles de muertos de su propio país, actualmente se encuentra indignadísimo por los connacionales abatidos durante el bombardeo que se suscitó en una zona turística de Egipto.

De acuerdo con Daniel Peña, académico de la Universidad de Louisiana, “estos asesinatos llegan en un momento en que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, está acusado de una investigación simulada que rodea la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.

Y es que para los turistas mexicanos que fueron bombardeados en el desierto egipcio sí hubo prioridad, pero no para los más de 164 mil civiles muertos, ni para las más de 20 mil personas desaparecidas o para los más de 70 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados en México desde que inició la guerra contra el narcotráfico en el lejano 2006.

Hay una cierta ironía en que el Gobierno de México actúe de manera preocupada por la muerte de sus ciudadanos en el extranjero puesto que, internamente, no se está haciendo lo suficiente para investigar a los funcionarios municipales y/o entidades policíacas acusadas tanto de facilitar activamente la muerte de sus propios ciudadanos como de encubrir estas mismas muertes. Sin embargo, al Gobierno de Egipto le exige que la investigación puesta en marcha llegue hasta sus últimas consecuencias.

Entonces, ¿por qué para el gobierno de nuestro país es una prioridad proteger a algunos mexicanos y a otros no? ¿qué se puede pensar de un gobierno al que se le acusa de no hacer lo suficiente para investigar los asesinatos de los jóvenes, escritores y periodistas; pero que le exige respuestas a un gobierno egipcio que (a pesar de su reciente revolución) se sigue manteniendo unido, aunque sea en condiciones precarias?

Ya se ha cumplido un año de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y el conjunto de fallas en la investigación han afectado tanto al gobierno de Peña Nieto, que su tasa de aprobación general ha caído al 35 %.

Y finalmente, aunque EPN no inició la guerra contra el narco, en teoría debería asumir la responsabilidad y liderar los esfuerzos para componer el sistema judicial podrido que durante tantas décadas ha omitido su peso y participación en nuestra sociedad.

Escrito para Caras de México por Jorge Chávez, Editor Senior en Mijo! Brands de México.

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