La nueva estrategia contra la corrupción en México ha iniciado su período de gestación. Todo comenzó a partir de una iniciativa (que debe ser avalada por 16 de los 31 congresos locales) hecha poco después del escándalo generado por las propiedades de la familia del Presidente de México y otros funcionarios que forman parte de su gabinete.
Y es que a nivel general, la percepción social es que los funcionarios públicos llegan al poder con el único objetivo de incrementar su patrimonio a cualquier costo. La experiencia que hemos tenido durante las últimas tres décadas así lo demuestra y, si a eso le sumamos que la insensibilidad de la clase política es proporcional a su distanciamiento con la ciudadanía, pues entonces estamos hablando de un hartazgo sin precedentes.
Aunque la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, la de Malinalco y hasta el helicóptero de la CONAGUA son algunas de las muestras más actuales y emblemáticas de este gran problema que nos aqueja a todos, cada semana surge un nuevo tema que además de enardecernos, se vuelve viral en nuestras redes sociales.
Es cierto, los escándalos de corrupción más sonados son los realizados a nivel federal, pero también hay algunos estatales o municipales que retumban en todo el país, como el de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Es probable que en algunos casos no haya delito que perseguir (como las compras en Beverly Hills), pero esa frivolidad y vida de reyes que se dan terminan por agraviar aún más a una sociedad dolida con la corrupción y la pésima calidad de los servidores públicos.
Por ejemplo, hace años, cuando José López Portillo estaba en contienda política por la presidencia de la república, su eslogan era: “La solución somos todos”. Con el tiempo sufrió una modificación: “La corrupción somos todos” debido a que su gobierno (1976-1982) fue uno de los que acumularon más irregularidades en la historia reciente de nuestro país.
Todo esto ha hecho que el Congreso tenga en su agenda la aprobación de un Sistema Nacional Anticorrupción, que pretende combatir los problemas y conflictos de interés que puedan existir entre funcionarios públicos, empresas y cualquier persona que tenga alguna relación con el gobierno en cualquier instancia.
Pero, ¿existen soluciones legales? La Constitución Federal establece que los servidores públicos “serán responsables por los actos u omisiones en que incurran durante el desempeño de sus respectivas funciones” a través de:
1) Sanciones administrativas por los actos que afecten la legalidad y honradez
2) Con penas de prisión por delitos como el ejercicio indebido o abusivo del servicio público, el tráfico de influencias, el peculado y el enriquecimiento ilícito.
Y para cerrar, la BBCMundo nos cuenta cómo este problema ha permeado hasta en el lenguaje cotidiano de los mexicanos a través de 5 frases que reflejan cómo es la corrupción en México:
1. “Ayúdame a ayudarte”
2. “Lo dejo a su criterio”
3. “¿Cómo nos arreglamos?”
4. “No quiero que me den, sino que me pongan donde hay”
5. “No importa que robe, pero que salpique”
Escrito para Caras de México por Jorge Chávez, Editor Senior en Mijo! Brands de México.
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