En medio de las críticas por escándalos de corrupción y sospechas de conflictos de interés que actualmente salpican a todas las esferas políticas de nuestra sociedad, los principales partidos de México han analizado la posibilidad de llegar a un acuerdo para aprobar, muy pronto, un Sistema Nacional Anticorrupción.
Lo sucedido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa desató una ola de indignación en el país, puesto que se dejó en evidencia el grado de infiltración que los grupos del narcotráfico tienen con el gobierno. Luego, las revelaciones que se suscitaron en torno a los bienes raíces que Peña Nieto y Videgaray le adquirieron a contratistas del gobierno, avivaron la hoguera de críticas llevando al presidente a su peor momento desde que asumió su mandato.
Si a eso le sumamos que la organización Transparencia Internacional ubicó a nuestro país en el número 103 de los 175 países que integran su índice anual sobre las naciones con mayor corrupción en el mundo, era justo y necesario que se creara un sistema de este tipo con el objetivo de implementar grandes cambios en el esquema del control del gasto público (que actualmente sufre fugas por distintas vías y es auditado con un año de retraso, además de que no incluye a estados y/o municipios).
Aunque actualmente existen diferentes instancias para el combate a la corrupción, como la Auditoría Superior de la Federación (que es dependiente del Congreso) o la Secretaría de la Función Pública (que es parte del gabinete presidencial), tienen alcances limitados. Por ejemplo, Virgilio Andrade, titular de esta última y que fue nombrado por Peña Nieto, reconoció que en el caso específico de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, la facultad de la dependencia solo incluye la investigación de los contratos gubernamentales y no podrá verificar los contratos de carácter mercantil.
Otro caso reciente que ilustra esta situación es el uso de los bienes públicos para llevar a cabo actividades ajenas a la administración gubernamental, como lo hizo David Korenfeld, extitular de la Comisión Nacional del Agua, que utilizó un helicóptero de la dependencia para viajar con su familia y cuya renuncia fue presentada antes de que los resultados de la investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública fueran presentados.
Diversos investigadores han advertido que tanto a la Secretaría de la Función Pública como a la Auditoría Superior de la Federación les faltan facultades para hacer efectivo el combate a la corrupción. Por ello, se pretende dar más atribuciones, de acuerdo con el dictamen aprobado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos que aprobaron el pasado jueves 16 de abril de 2015.
Estos son los puntos clave en el dictamen del Senado:
• El Sistema Nacional Anticorrupción funcionará a través de un comité coordinador.
• La Auditoría Superior de la Federación podrá realizar auditorías durante el ejercicio fiscal en curso.
• La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar los recursos transferidos a través de “participaciones federales”.
• El Tribunal Federal de Justicia dictará los fallos e impondrá las sanciones a los servidores públicos que incurran en irregularidades.
• Se propone ampliar el plazo de prescripción a siete años por las faltas administrativas graves, con lo que se pretende que la prescripción sea transexenal.
• Los servidores públicos deberán presentar de manera obligatoria y bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.
• El nombramiento del Secretario de la Función Pública será ratificado por el Senado, con la intención de que quién lo ostente, obedezca a intereses generales con absoluta imparcialidad.
Escrito para Caras de México por Jorge Chávez, Editor Senior en Mijo! Brands de México.
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