El año pasado, Forbes publicó el top 10 de los políticos más corruptos de México. De ellos, solamente dos (Andrés Granier y Elba Esther Gordillo) se encuentran cumpliendo una condena. De esa misma lista, algunos viven impunemente en el extranjero en lujosas residencias (como Humberto Morerira) y otros son premiados con una senaduría plurinominal por el PRI (el caso de Carlos Romero Deschamps).
Es así que, en México, la corrupción es un delito que rara vez se castiga y, por ende, esto convierte a la sociedad mexicana en una víctima doble: Primero porque se producen funciones indebidas y/o desfalco de recursos públicos y, en segundo lugar, porque carecemos de sanciones responsables. El círculo vicioso es tal, que tristemente el Estado mexicano prefiere encubrir estos delitos que perseguirlos.
Si bien es cierto que la corrupción existe en todas partes y desde hace muchísimo tiempo, la diferencia del por qué se percibe tanto en México y en otros países no, radica en la impunidad y en lo mencionado anteriormente.
Nuestro país es de los que tienen mayor grado de impunidad en el mundo. El Índice de Estado de Derecho de 2014 (que mide el nivel de impunidad de los países), ubica a México en la posición número 10 de 15 a nivel latinoamericano. Este mismo índice destaca que América Latina es la región con mayor percepción y/o experiencia de impunidad.
Aunque recientemente pareciera que este problema es exclusivo del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto (que ha tomado tanta relevancia por el escándalo de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec), existen otros dos políticos que pertenecieron al gabinete de Felipe Calderón Hinojosa y que estuvieron incluidos en la mencionada lista de Forbes.
Pero en días pasados y ante la presión ejercida tanto de la prensa nacional como la internacional, el Presidente de México nombró a Virgilio Andrade Martínez como el nuevo Secretario de la Función Pública para encomendarle la investigación de los contratos otorgados a empresas que le vendieron bienes raíces a su esposa, a Luis Videgaray y a él mismo con el objetivo de resolver si hubo o no conflicto de interés. Ese primer paso fue hecho en la dirección correcta, aunque fue recibido con cierto escepticismo.
Y es que para acabar con la impunidad se requiere de un interés genuino y una voluntad política que, en este caso específico, brilla por su ausencia.
Si a esto le sumamos que resulta totalmente ilógico que el Secretario de la Función Pública (miembro del gabinete del Presidente y, por lo tanto, dependiente del Ejecutivo para su nombramiento y remoción) sea el encargado de llevar a cabo la investigación que involucra al propio Presidente, aún asumiendo que los resultados de la investigación arrojaran que no existió conflicto de interés, la investigación carece de toda credibilidad desde el inicio, por lo que la percepción de impunidad en el país seguiría perpetuada.
Ya lo dijo Mahatma Gandhi: “En la tierra hay suficiente para cubrir las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos”.
Escrito para Caras de México por Jorge Chávez, Editor Senior en Mijo! Brands de México.
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