El Banco Nacional de México (Banamex), la institución financiera más antigua del país, se encuentra en medio de un escándalo financiero de proporciones épicas que involucra tanto al sector público como al privado de México.
Esta historia va más allá de lo jurídico y desnuda las prácticas de corrupción que existen en nuestro país. Aunque el protagonista principal es Oceanografía (una de las contratistas más importantes de PEMEX y que desde hace varios años ha sido señalada por operar irregularmente), los hijastros de Vicente Fox Quesada, así como un fiscal y una comisión legislativa -que no pudieron esclarecer las denuncias de corrupción- están envueltos en este escándalo financiero.
Oceanografía le ofrece a PEMEX Exploración y Producción (PEP) los servicios de instalación y mantenimiento de plataformas marinas, apoyo en la perforación de pozos, instalación de ductos submarinos y transporte de personal, entre otras cosas.
Esta relación ha prosperado muchísimo durante los últimos 14 años, tiempo en el que esta empresa privada ha “concursado y ganado” unas 160 licitaciones públicas que se traducen en ganancias estimadas de $31 mil millones de pesos.
Todo comenzó en el año 2000 cuando una comisión especial de la Cámara de Diputados estableció que Oceanografía estaba virtualmente en quiebra puesto que debía $21 millones de pesos en impuestos. Al siguiente año, ya durante el mandato de Vicente Fox, se condonó el adeudo y además, de forma irregular, se le asignaron contratos directos de PEMEX provocando una mejoría notable en la situación económica de la empresa.
En el 2006, los diputados encargados del caso presentaron su informe final y señalaron que Guillermo Sahagún (hermano de Martha Sahagún), Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún (hijos) fueron los responsables de gestionar la asignación de estos contratos a cambio de una cuantiosa y nada despreciable comisión.
El escándalo estalló cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en los contratos asignados y la Secretaría de la Función Pública (SFP) señaló que violaban leyes de obra pública que no tuvieron eco ante el gobierno de Felipe Calderón pero sí tuvieron el descaro de asignarle aún más contratos.
Pero como esta épica historia no podía seguir ocultándose más, el pasado 11 de Febrero de 2014, la SFP prohibió al Gobierno Federal establecer vínculos con Oceanografía y a partir de ese momento, Banamex comenzó a revisar los préstamos (que ascienden a más de $6 mil millones de pesos) que había otorgado a la empresa privada y descubrió un probable fraude lo que, invariablemente, lleva a cuestionarse el por qué esta institución financiera no realizó este procedimiento anteriormente si, por ejemplo, a cualquier ciudadano común que solicita un crédito le revisan hasta la cartilla de vacunación de la mascota antes de otorgárselo.
Pero la Procuraduría General de la República ha intervenido en el caso y además de encontrar documentos falsos, descubrió indicios de lavado de dinero en las operaciones de Oceanografía (aunque esto no significa que estén vinculados con el narcotráfico, el delito existe debido a que los recursos se obtuvieron mediante fraudes).
A pesar de que la familia Fox Sahagún ha declarado abiertamente que esa gestión no existió, que no tienen nada que ocultar y que están tranquilos ante la investigación inminente; los hilos de esta telaraña de corrupción se deben desmembrar hasta señalar a todos los responsables. Por lo pronto Banamex ha declarado que cooperará con las autoridades y que sancionará a todos los empleados que hayan incurrido en el presunto fraude.
Pero desafortunadamente sabemos que una investigación de este calibre aborda los intereses directos de aquellos que lo encabezaron y, probablemente, se requerirán muchísimos años hasta que los veamos siendo procesados. En el peor de los casos, este millonario fraude se irá rezagando poco a poco en el olvido hasta quedar impune como tantos otros.
Jorge Chávez es Editor Senior en Mijo! Brands de México.
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